Bienvenidos al cuarto episodio de esta saga sobre desinformación. Para arrancar hoy, mostraré algunos datos que me han resultado interesantes. Un 89% de los españoles es consciente de haber recibido una información que luego resultó un bulo por algunos de los canales que usa habitualmente. Pero más todavía, casi un 40% admite que no está capacitado para distinguirlo de una noticia real (estos datos forman parte de la encuesta llevada a cabo por la consultora Asesores). El problema, como vemos, es grave. ¿Lo controlamos de alguna manera?

Cada país tiene normas y leyes que buscan la defensa del usuario, la protección de sus datos personales y que intentan garantizar la ciberseguridad. Incluso, órganos supranacionales, como puede ser la Unión Europea, también dedican esfuerzos a ello. Pero ¿Cómo se protege al usuario del efecto de una información falsa? ¿Cómo se puede controlar la calidad del producto informativo si las empresas tecnológicas propietarias de las redes no demuestran impedir la desinformación? Y, como última consecuencia ¿Quién se responsabiliza del efecto producido por una campaña de desinformación? ¿Deben ser los gobiernos los responsables de tomar las riendas? Definir qué es la verdad es siempre algo que genera un intenso debate entre las partes interesadas (nuestra actualidad en España es un claro ejemplo). Por lo que si un Gobierno emprende ese camino nos vendrá de inmediato a la memoria George Orwell cuando hablaba del Ministerio de la Verdad en su novela 1984. La linde entre la verificación de la verdad, su interpretación o su manipulación es estrecha; la frontera entre la libertad de expresión, la libertad de prensa y la censura institucional, también puede serlo.

Los gobiernos (y la política en general) son una de las principales fuentes de desinformación. Puede sonar tremendo, pero no creo que nadie que esté leyendo estas líneas pueda afirmar que la mentira (o digamos, las medias verdades intencionadas para ser más elegantes) no sea un elemento intrínseco a las estrategias políticas. ¿Nos suena eso de controlar el relato? Por otra parte, los gobiernos que entendemos como democráticos también someten a presiones a las redes sociales y, que lo digan los directores de los medios de comunicación, a la prensa tradicional. En los últimos años, las principales redes sociales han enfrentado conflictos significativos con gobiernos nacionales, estatales en EEUU y con líderes políticos de distintos países, quienes han puesto sobre la mesa preocupaciones que definen como relativas a la seguridad nacional o encaminadas al pretendido control de la veracidad de la información y sus consecuencias. Una sencilla búsqueda de datos al respecto nos devolverá múltiples referencias a este asunto, incluso recientemente en nuestro propio país. Eso sí, si queremos debatir el valor ético de estas acciones, podemos estar horas y habría que llamar a una empresa de comida a domicilio y pedir unas pizzas y unas cervecitas.

Los gobiernos tienen lógicas necesidades ya que su finalidad es la permanencia en el poder para ser capaces de seguir implementando sus proyectos; y los opositores, por definición, aspiran a sustituir al poder vigente ¿Esa debilidad electoralista les hace los mejores candidatos para erigirse en garantes de la verdad? Tiremos de polarización y seguramente los afines a cada ideología creerán firmemente en las afirmaciones de los suyos y echaran por tierra las de los contrarios. Punto muerto.

Hoy vemos una quiebra más en los posibles consensos en esta parte del debate. ¿Queremos que sean las empresas privadas las garantes de la verificación de los contenidos? Si es así ¿preferimos en esas plataformas fact checkers o preferimos formas comunitarias de verificación? Ya he leído opiniones de apoyo vehementes hacia ambas opciones (cuando ambas ya han demostrado su fracaso o no estaríamos escribiendo cada semana sobre esto). Y si esto es ya un foco de agria disputa y una puesta constante en tela de juicio de la imparcialidad, tanto de verificadores como de los propios usuarios, imaginemos por un momento que alguien dijera que la verdad debe definirla un gobierno. No hace tanto tiempo un conocido político español, ya retirado, defendió públicamente la creación de una empresa pública que verificase la veracidad de la información que publicaba la prensa (sin comentarios).

No he respondido las preguntas iniciales. Nadie parece poder desplegar un control técnica, social y moralmente aceptable de la información que, hoy por hoy, fluye y nos afecta directamente. Seguiremos hablando de ello en esta serie, Entonces ¿Quién es el responsable de la información?