Bienvenidos de nuevo a esta serie sobre la información y la desinformación. En el anterior post hablaba de los usuarios y de la presión informativa que recibimos. Pero los usuarios somos también creadores de contenidos y, en ocasiones, supuestamente, de información. Sin olvidar, y esto es fundamental, que también somos el eslabón necesario para la difusión de contenidos (recordemos que no todos los contenidos son información y no toda la información puede ser considerada noticia) y, como consecuencia, de creación de corrientes de opinión. No entraré en si la información emitida por perfiles identificados y verificados es auténtica o no, pero hay millones de perfiles individuales, reales o bots, que emiten libremente información de todo tipo. Información sujeta únicamente a los sistemas de moderación y control de las redes, por una parte (de las que ya hemos hablado varias veces), y, por otra, por las propias leyes de los diferentes países. Si alguien comete un delito en las redes, mediante las denuncias pertinentes se puede tratar de identificar al autor de un supuesto delito y llevarlo ante los tribunales. Hay infinidad de casos documentados de todo tipo, delitos de odio, acoso escolar, acoso sexual, etc.

La cuestión es que no existe un control verdaderamente exhaustivo de la identidad de quien se abre un perfil en redes sociales en general (sin entrar en detalles más concretos). Y aquí llegamos a una pregunta importante, casi la definiría como «La pregunta». ¿Es necesario el anonimato en las redes para garantizar la libertad de expresión o para evitar que alguien pueda ser discriminado al ser identificado por su ocupación, sexo, orientación sexual, raza, nacionalidad, ideología política, religión o incluso aficiones deportivas? O por el contrario ¿podemos afirmar que ese anonimato ampara la proliferación de haters, trolls, extremismos, polarización, desinformación y toxicidades varias? A gusto me he quedado y bonito melón para intentar abrirlo. Hoy es un debate que se ha puesto de moda por las declaraciones del Presidente del Gobierno de España. Sin embargo, es un planteamiento antiguo que lleva en debate muchos años, incluso antes del nacimiento de las redes sociales (sí, existió un mundo sin redes sociales).

No quisiera seguir sin abrir y cerrar un rápido comentario sobre los bots. Los he mencionado en varios artículos de esta serie y, sin duda, estos perfiles falsos son una herramienta extendidamente utilizada para la difusión y amplificación de mensajes de todo tipo, acoso y aumento de la hostilidad. Recomiendo leer un artículo titulado «The spread of low-credibility content by social bots» donde se analiza el importante papel de los bots durante un espacio temporal de 10 meses entre 2016 y 2017, e incluso entra a explicar cuándo el rol de esos perfiles es más importante en el proceso de difusión de un mensaje. ¿Cómo controlamos la proliferación de esos perfiles falsos y, lo más importante, cómo controlamos el uso que se les da y la finalidad buscada con ello?

Vuelvo al tema que nos ocupa. Encontrar un punto de equilibrio entre la defensa de la libertad del individuo y el peligro colectivo de la desinformación es extremadamente complejo. La suma gravedad de un problema a menudo nos coloca entre Escila y Caribdis. Si buscamos un hecho con el que comparar, podemos retrotraernos a los atentados del 11S. Como consecuencia de aquella tragedia hemos sufrido mucha más presión en las medidas de seguridad que han supuesto restricción de libertades. Y eso ha ocurrido respaldado en el argumento contundente de garantizar nuestra seguridad y, la mayoría de la sociedad, hemos terminado aceptando ese nuevo contexto. Entro en terreno pantanoso, lo sé, pero sigamos avanzando y especulemos planteando escenarios.

¿Es el mundo online diferente al mundo offline?

Los que hemos trabajado en Internet hemos defendido que no deberían existir diferencias ya que la realidad solamente es una y únicamente cambia el soporte de las acciones. Recuerdo, por ejemplo, la lucha por conseguir que el IVA en un libro electrónico fuera el mismo que ese mismo libro en formato tradicional en papel. Esto, que parece fácil de entender, ha llevado años conseguir que se produjera. Lo mismo ocurre con otras cosas. Pensemos, si nosotros nos sentamos en la barra de un bar a tomar un café y, por el motivo que sea, terminamos discutiendo con otros parroquianos hasta que la situación se nos va de las manos y terminamos insultando gravemente, injuriando, difamando, amenazando seriamente, o incluso agrediendo, a otra u otras personas, ¿acaso no se nos puede demandar de forma sencilla, identificar y terminar enfrentándonos a un juicio?. Siendo el supuesto delito cometido el mismo, ¿por qué entonces permitimos que podamos ampararnos en un anonimato en internet que hace que el proceso de identificación del presunto delincuente sea más complejo?, ¿acaso esa sensación de seguridad no la usamos para hacer y decir cosas que no haríamos si estuviéramos cara a cara con esa persona o institución? Cuidado, que este planteamiento tiene muchas interpretaciones más allá del blanco y el negro.

¡Un momento! Podemos decir que el anonimato absoluto no existe y que, con las medidas necesarias, se puede identificar al presunto delincuente. Totalmente cierto. Pero no es menos cierto que, como decía, no es una tarea tan sencilla y que, las propias empresas tecnológicas no son, precisamente, el mejor ejemplo de accesibilidad, colaboración y transparencia. Por tanto, no existen medidas que, vista la actualidad, sirvan para desincentivar suficientemente comportamientos negativos en redes. Un reciente estudio de la Universidad Internacional de La Rioja, el proyecto Hatemedia, ha expuesto que el 63% de los mensajes analizados en dicho estudio contribuyen al clima general de hostilidad. Los autores del trabajo afirman que estos mensajes de odio no solo están aumentando en número, sino que también se normalizan, presentando un riesgo para la cohesión social y el respeto democrático. Pero lo que, personalmente, me parece más importante es que esos contenidos son difundidos como parte de una estrategia dirigida al posicionamiento de determinadas narrativas e ideas en la opinión pública. ¿Quién o quiénes son, pues, los más interesados en ello? ¿Quién o quiénes son los usuarios que hacen de correa de transmisión de esa información?, ¿todos lo hacemos siendo verdaderamente conscientes de lo que estamos fomentando?

Resumiendo. Tenemos, por una parte, un sistema de apertura de perfiles en redes que no requiere la completa identificación de la persona (no hablemos del uso de redes por menores de edad no autorizados, casos de acoso, etc). Por otra parte, nada impide que alguien se abra tantos perfiles como quiera. Ambas, obviamente, facilitan el crecimiento del modelo de negocio de las redes. Por otra parte, tenemos en las plataformas unos sistemas de control y moderación que no son capaces de acabar con todo tipo de discursos tóxicos, uso de perfiles falsos y bots y, menos aún, finalmente con actividades de desinformación. Como en las series policíacas, tenemos el móvil del delito, que son los intereses de múltiples grupos en la difusión de determinados mensajes. Tenemos unas medidas de control por parte de las plataformas y unas medidas de las autoridades nacionales que no parecen ser efectivas en la disuasión de estas actividades ya que, unidas a los argumentos previos, no han impedido la degradación que hoy presenciamos en los social media en general.

¿El panorama no es muy optimista, no? Pues no, la verdad. Y no voy a ser yo, habiendo tantas mentes brillantes en el mundo, el que vaya a solucionar este dilema. Mi intención con estos artículos es pensar en voz alta y poner sobre la mesa la situación con la intención de abrir un cierto debate. Quedan muchos conceptos que tratar. Si te interesa, sígueme en esta serie «Entonces ¿Quién es el responsable de la información?»